Tras los secretos de las fundaciones PRO

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LA INVESTIGACION SOBRE EL ORIGEN DEL DINERO ROBADO A MICHETTI Y EL FINANCIAMIENTO DEL MACRISMO

El juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario sobre las cuentas de las fundaciones vinculadas a Fabián Rodríguez Simón, Guillermo Dietrich y Eugenio Burzaco. También pidió que declaren ministros y dirigentes del oficialismo.El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario sobre las cuentas de tres fundaciones vinculadas al macrismo. La medida es parte de la investigación que se inició para conocer el origen de los fondos robados en la casa de Gabriela Michetti pero que busca también establecer si se utilizaron distintas entidades vinculadas al PRO y Cambiemos para canalizar dinero presuntamente ilegal destinado a la política. Una de las que quedó en la mira es la Fundación Pericles, que dirige el asesor estrella en temas judiciales de Mauricio Macri, Fabián Rodríguez Simón. Lijo también pidió detalles de las cuentas de Formar, del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; y de Fundar – Justicia y Seguridad, ligada al secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco. En los últimos días recibió algunos de los informes que ya había pedido sobre la fundación SUMA, de la vicepresidenta.

Lijo envió al Banco Central un oficio en el que pide saber si las tres fundaciones en cuestión tienen “cuentas o productos (plazos fijos, cajas de seguridad)”, “si se han registrado operaciones y/o transferencias a su nombre o el de cualquier persona física”, “todos los productos y/o servicios contratados; detalle de todos los cotitulares, firmantes y apoderados (y de corresponder, accionistas, directores y representantes declarados en la documentación bancaria y/o los registrados en el sistema informático de la entidad)”; “deberá informar la totalidad de las transferencias recibidas o realizadas, detallando las fechas correspondientes, monto, moneda, información filiatoria del ordenante, datos de la cuenta ordenante y datos de la cuenta del beneficiario”; “deberá remitir información de depósitos a plazo fijo” y cheques emitidos.La investigación sobre Pericles responde a un pedido del diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade, impulsado por el fiscal Guillermo Marijuán. Según Tailhade, a la fundación no se le conoce actividad desde hace siete años y su sede es un bar o club nocturno. Rodríguez Simón, su titular, es consejero del presidente Macri en gran cantidad de temas judiciales. En los inicios del gobierno PRO fogoneó la designación por decreto y en comisión de los dos jueces de la Corte Suprema, finalmente nombrados, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. En los tiempos de debate sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, asesoró al grupo Clarín y escribió un libro llamado “Clarín y la Ley de Medios”, a favor del grupo empresario. Respecto de Pericles, el juzgado espera que la lnspección General de Justicia (IGJ) informe si declaró haber realizado o recibido donaciones.Otras de las medidas ordenadas apuntan al Grupo Farallón, que encabeza el empresario Eduardo Gutiérrez, procesado como presunto testaferro en la causa por enriquecimiento contra el ex secretario de Obras Públicas,José López (el que llevó los bolsos con casi nueve millones de pesos al convento General Rodríguez). El abogado denunciante en esta causa, Leonardo Martínez Herrero, sostiene advirtió que Farallón es una de las empresas que sponsorea a la Fundación SUMA y le habría aportado por lo menos 60 mil pesos, que es el monto que declaró en la AFIP. El juez pidió también que se levante el secreto bancario de sus cuentasPara todas las fundaciones y para Farallón, el juzgado solicitó informes a la AFIP y a la Unidad de Información Financiera, que debería decir si respecto de ellas fueron reportadas operaciones sospechosas. Una unidad especial de Gendarmería se ocupará de procedimientos para que cada fundación entregue “la totalidad de los libros diarios, libros caja, libros de inventario y balance, y libros de actas”. Según explica el abogado Martínez Herrero, ninguna de las entidades había presentado balances en la IGJ hasta después del inicio de esta causa.Esta investigación fue iniciada a mitad de año cuando se supo del robo que había tenido lugar en la casa de Michetti el día de ballottage, el 22 de noviembre del año pasado. Ella denunció que le sacaron 245.000 pesos y 50.000 dólares. Dijo que los 200 mil los había recibido a modo de donaciones para la cena anual de SUMA (a pesar de que las fundaciones no pueden recibir plata de otra forma que no sea a través del sistema bancario), 45 mil para refacciones y los dólares para un posgrado que haría su hijo en el exterior.¿Qué hay hasta ahora en la causa? Documentación que está analizando el juez Lijo sobre la Fundación SUMA y una decena de declaraciones testimoniales de amigos, empleados y parientes de Michetti. La gran mayoría de los testigos repitieron un mismo libreto en el juzgado: que hicieron aportes en efectivo para la cena anual de 2015 de la Fundación Suma, por montos que oscilan entre los 5 mil y los 15 mil pesos; que donaron a pedido de Michetti o de su hermana Silvina Michetti. Algunos de los testigos, en especial los que son o fueron empleados de la vicepresidenta en el Congreso, tenían sueldos no mayores a 30 mil pesos. La mayoría sostuvo que les iban a dar un recibo por la donación, pero que al final no les dieron nada.Según Martínez Herrero “no existe justificación creíble y legal para acreditar el origen lícito del dinero ilegal que estaba en la casa de la vicepresidenta, ni hay contrato, recibo, comprobante que respalde los dichos de su estrategia de defensa y el dinero no estuvo bancarizado”. El abogado sostiene que “con lo que hay hasta ahora alcanzaría y sobraría para citarla a indagatoria, procesarla y condenarla”.Cuando Marijuán impulsó la investigación también pidió rastrear la actividad de las demás fundaciones vinculadas al oficialismo actual, bajo la hipótesis de que se pudieron utilizar como canal para financiar las actividades partidarias con dinero de origen dudoso. La nueva resolución del juez reclama que declaren como testigos el ministro de Modernización, Andrés Ibarra; el titular del sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi; el senador Federico Pinedo y el embajador en Uruguay Guillermo Montenegro, con un informe escrito. Les dio un plazo de quince días. Ello también aportaron a SUMA.

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