LA RELATORA SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA ONU CUESTIONÓ SEVERAMENTE A ARGENTINA

“Debe ponerse a la par de Ni Una Menos”
En su último día de visita al país, Dubravka Šimonoviæ sostuvo que el sistema argentino tiene “deficiencias considerables”.
Dubravka Šimonoviæ sostuvo sus consideraciones en coincidencia con las recomendaciones de Cedaw. 
(Fuente: Guadalupe Lombardo)

“Los desafíos que enfrenta el país son enormes. Valoro el movimiento Ni Una Menos que colocó el tema de los femicidios en el foco del mundo, desafiando así al gobierno para intensificar sus esfuerzos con vista a ponerle fin a este tipo de violencia y prevenirla”, remarcó la relatora de la ONU. Y subrayó que “esto es particularmente preocupante si consideramos el hecho de que un tercio de la población vive debajo de la línea de pobreza” y que “las mujeres que viven en comunidades empobrecidas tienen menores posibilidades de poder costear su asistencia legal”.
Antes del encuentro con la prensa, Šimonoviæ adelantó sus impresiones a la titular del CNM, Fabiana Túñez, en una reunión en la que participaron otros funcionarios de distintos ministerios. En tres días, el Gobierno recibió duros cuestionamientos de dos organismos de la ONU –el Comité de la Cedaw y la relatora que rendirá luego su informe final al Consejo de Derechos Humanos– sobre las políticas públicas que se vienen desarrollando para prevenir y sancionar la violencia machista. Ambos organismos destacaron el marco normativo sancionado en la última década.
En línea con el Comité de la Cedaw, la jurista croata fue muy crítica sobre la respuesta que está dando el Gobierno y las provincias al problema y el abordaje judicial en relación a la violencia de género y sus consecuencias. Además apuntó a las causas estructurales del fenómeno: “La violencia contra la mujer se encuentra reflejada en las desigualdades y discriminación contra la mujer, por lo que su prevención y erradicación debe basarse en el logro de una igualdad de género y en el empoderamiento de la mujer mediante la prevención, protección y persecución de los hechos en forma holística, en todo el país, en cada una de las provincias, lo que no sucede en la actualidad”, remarcó.
Šimonoviæ llegó al país en visita oficial el lunes 14 y a lo largo de una semana se entrevistó con funcionarios gubernamentales, referentes de ONG, organismos de control, del colectivo Ni Una Menos, mujeres y niñas sobrevivientes de violencia machista y operadores de la justicia en las provincias de Buenos Aires, Tucumán, Corrientes y la ciudad de Buenos Aires.
En la conferencia de prensa, denunció que las mujeres que son víctimas de la violencia en el país “enfrentan un problema sistémico y generalizado”, que es “la falta de implementación de las normas internacionales y nacionales, con diferencias significativas entre las provincias, lo que resulta en un nivel de protección variable” para quienes denuncian y piden ayuda. Además, expresó particular preocupación por el hecho de que los delitos sexuales no se investiguen de oficio, sin necesidad de la denuncia de la víctima. “Este tipo de disposición envía un mensaje equivocado de que la violación y la violencia sexual son cuestiones privadas y no un tema de preocupación pública que requiere un procesamiento de oficio. La ley debe transmitir el mensaje de que “No es no”, afirmó. Y en ese sentido, recomendó “la alineación de las disposiciones penales sobre violación con las normas internacionales sobre derechos humanos según lo elaborado en la jurisprudencia del Comité de la Cedaw en varios casos”.
En relación a los femicidios, cuestionó que el registro de la Corte Suprema no incluya aquellos en los que el agresor se suicidó o cuando las víctimas son personas transexuales. Y pidió que se investigue cada caso a fondo para entender que falló en la protección de la víctima. “También me preocupa que no existan datos sobre violaciones y delitos de odio contra lesbianas, transexuales e intersexuales, investigación y procesamiento y condena de los agresores, así como el resarcimiento  para las víctimas”, señaló la relatora.
Sobre los refugios para víctimas, consideró “urgente” aumentar su número, en especial en las áreas rurales, para las mujeres de comunidades de pueblos originarios y para aquellas que viven en asentamientos informales en las ciudades. Pero aclaró que “el refugio no es la solución” y exigió el dictado por parte de la Justicia de “órdenes de protección rápidas” y “controlar su cumplimiento”. 
Otro de los temas de preocupación de la Relatora es el acceso a los abortos no punibles. Cuestionó el hecho de que el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal de embarazo”, actualizado en 2015 por el Ministerio de Salud de la Nación, “no cuente con la condición jurídica que correspondería” y que hasta el momento sólo 8 provincias hayan adoptado regulaciones que lo respetan, en línea con el fallo FAL de la Corte Suprema de 2012. “Según los informes que he recibido, la ausencia de protocolos, junto con la negación frecuente de los médicos a realizar un aborto sobre la base de la objeción de conciencia, resulta en un número mayor de abortos inseguros y contribuye a la tasa de mortalidad materna en la Argentina. En ese sentido “instó a las autoridades provinciales a que adopten en forma urgente los protocolos necesarios” y exhortó al Gobierno a “acelerar la adopción” de una ley sobre interrupción legal de embarazo, “aumentando el acceso legal al aborto”. 
También pidió al gobierno nacional y a las provincias “asegurar presupuestos adecuados para la aplicación de la Ley 26.150, de 2006, que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral”, incluir “la educación sobre derechos sexuales y reproductivos en los programas de estudio de las escuelas de todo el país” y que se “intensifiquen los esfuerzos para distribuir anticonceptivos gratuitos, en particular en asentamientos informales y entre la población de bajos recursos”. Al respecto, dijo, “me preocupa que no todas las provincias hayan adherido” a la ley de ESI.

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