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Lo que la letra chica se trae bajo el poncho

La mesa de la CGT se reunirá para escuchar el análisis de los abogados del extenso proyecto de reforma laboral del Gobierno

Ya detectaron puntos conflictivos en lo referido a temas como las horas extras y las indemnizaciones por despido.

El proyecto de reforma laboral tiene sobreimpreso la palabra “borrador” y consta de 145 artículos.
El proyecto de reforma laboral tiene sobreimpreso la palabra “borrador” y consta de 145 artículos. 
Imagen: Jorge Larrosa

Los representantes sindicales intentaron mantenerse impertérritos mientras el presidente Mauricio Macri desgranaba los lineamientos sobre la reforma laboral que busca imponer. Todos consideraron que no era el momento más oportuno para dar una opinión, ni siquiera a través de una mueca. Una vez que se hicieron del borrador, con sus 145 artículos, ordenaron a sus abogado laboralistas, la especialidad que más desprecia el Gobierno, para que realicen un estudios detallado, palabra por palabra de esta meganorma. La mayoría se llamó a silencio y el único que habló fue el triunviro de la CGT, Héctor Daer, cuando aseguró que “habrá que ver si trae alguna trampa en la letra chica”. 

El proyecto, que tiene sobreimpresa la palabra borrador, comenzó a circular entre los dirigentes gremiales y la primera reacción de varios de ellos fue que “podría haber sido peor”. Pero rápidamente sostienen que tal afirmación se basa en una primera y veloz lectura. Por ahora el “mamotreto” lo manejan los abogados a quienes le pidieron un detallado informe para descubrir las más que probables trampas que, como reconocieron los dirigentes consultados, se esconden incluso detrás de algunas palabras. Por ejemplo, a varios dirigentes cegetistas les llamó la atención la modificación del concepto de trabajo que proponen cuando le incorporan al artículo 4º de la actual ley de Contrato de Trabajo la siguiente frase: “La cooperación entre las partes para promover esa actividad productiva y creadora constituye un valor social compartido, generador de derechos y deberes recíprocos, y una regla esencial de ejecución del contrato”. Lo que más preocupa de este párrafo es la palabra cooperación porque si bien a los ojos de un lego puede tener un objetivo loable, para los gremialistas es la posible puesta en un pie de igualdad entre trabajador y empleador cuando claramente el primero está siempre en una situación de mayor debilidad y, por lo tanto, la norma tiene a tener un rol tutelar del más débil, del trabajador.
Los abogados de los sindicatos todavía tienen mucho por leer ya que el texto normativo cuenta con 12 títulos, 36 capítulos y un anexo. “Antes de tomar una decisión y accionar políticamente sobre este proyecto necesitamos conocerlo en profundidad”, reconocieron. 

Si bien el texto recién comenzó a circular y no hay una fecha definida de presentación en el Congreso, la mesa chica de la CGT decidió reunirse en las próximas horas y por eso necesitan al menos una primera opinión de los abogados. Por ahora no trascendió lugar y hora pero lo que buscan es unificar posturas y, sobre todo, una respuesta institucional de la central obrera. La intención de algunos es que la próxima semana reunir al Consejo Directivo para que desde allí surja la posición oficial pero hay dirigentes gremiales de peso que sostienen que este proyecto debe ser materia de análisis del Comité Central Confederal que, dicho sea de paso, el realizado en los días previos a los comicios legislativos, se encuentra en un cuarto intermedio. Una declaración del CCC tiene mucho más peso político que lo que diga el Consejo Directivo porque incluso tiene la potestad de poder elaborar, por caso, un plan de lucha.

Por supuesto que el proyecto genera opiniones diversas entre los sindicalistas. Están los que se oponen a la modificación de la ley de Contrato de Trabajo y modificaciones a los Convenios Colectivos de Trabajo porque sostienen que “se abre una puerta y nadie sabe qué puede ocurrir después”.

El punto referido al título que se llama Regularización del Empleo No Registrado es uno de los que, en una primera opinión, concita mayor adhesión. “Habrá que leer con detenimiento pero todo sindicalista prefiere un trabajador en blanco que uno que esté contratado de manera irregular”, advirtió uno de los pocos dirigentes que se animó a deslizar una opinión. Incluso consideran también como positivo el capítulo correspondiente a la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud. Estos dos temas eran parte del reclamo cegetista pero como en el caso del blanqueo laboral los gremialistas también quieren estudiar en detalle el título que bien podría ser una ley aparte y no integrar el “mamotreto”.

Entre los puntos más negativos señalan la reducción de dos años a uno del plazo de prescripción para que un trabajador inicie acciones judiciales contra su patrón. Si esto es malo, peor es considerado la eliminación de lo que se llama “ius variandi” que hasta ahora garantiza la no modificación de las condiciones de trabajo y que cualquier decisión unilateral de la patronal era causal de una demanda en el fuero laboral. 

Otro de los ítems definidos como perjudicial al trabajador es el que se define como “banco de horas” que bien puede ser considerado como el fin de las horas extras ya que el proyecto le otorga al patrón la potestad de manejar hasta un determinado límite la cantidad de horas que puede necesitar del empleado que, por ejemplo, puede trabajar dos horas más un día (hoy son horas extras) y la siguiente jornada ingresar dos horas más tarde para recuperar el exceso del día anterior.

Más allá del discurso presidencial, todo el texto apunta a una mayor flexibilización laboral que a la declamada protección del trabajador. 

Por caso, el proyecto prevé la posibilidad de que gremios y patrones acuerden, en el marco de las futuras negociaciones paritarias, la aplicación de regímenes especiales de indemnización que se alcanzará con el aporte de cada trabajador. Es más, como en los años noventa, la iniciativa busca reducir los aportes patronales y a la seguridad social de forma escalonada y hasta un tope de 11 mil pesos. Lo que pretende el proyecto es que con este ahorro el empleador tome nuevo trabajadores o blanquee los que ya tenía. Pero lo cierto es que esos aportes que hasta ahora salen del patrón ahora serán subsidiados por el resto de la sociedad ya que los cubrirá el Estado nacional.

En todo juicio laboral se producen multas administrativas que se le aplican al empleador y que hacia el final del proceso judicial redunda en un plus para el trabajador cuando cobra su indemnización. El proyecto de Cambiemos no las anula pero serán derivadas a un fondo que administrará el Estado. 

Uno de los grandes dramas laborales es la tercerización. El proyecto no las combate sino que de alguna manera las avala. Así lo expresa el artículo 41 del proyecto donde se frena lo que se conoce juicio por solidaridad. Esto implica que un trabajador tercerizado solo podrá demandar a su empleador directo y no para el que desarrolla la actividad. Esto se aplicará y perjudicará a los trabajadores de limpieza, mantenimiento, seguridad, gastronomía e informática, entre otros. 

Las pasantías representan otro de los puntos cuestionados porque si bien todos coinciden en la necesidad de contar con ellos para la formación e incorporación al mundo laboral, lo cierto es que no contarán con las obligaciones que impone un contrato de trabajo que se rige por el convenio colectivo de la actividad donde se incorporan los pasantes.

Posted in: NACIONALES, SOCIALES

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