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“Muchas veces hablan sin saber”

El juez espera el resultado de la autopsia de Santiago Maldonado

La fiscal Silvina Avila pidió que el juez cite al testigo identificado como E en los documentos de la CIDH. Dijo que en base a esa declaración el organismo internacional dictó la medida cautelar, aunque ese testimonio se recogió después.

El juez Gustavo Lleral dijo que saber las causas de la muerte de Santiago Maldonado va a “llevar un tiempo”.
El juez Gustavo Lleral dijo que saber las causas de la muerte de Santiago Maldonado va a “llevar un tiempo”. 
Imagen: Télam

A la espera de los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado, que podría derivar en un cambio en la carátula del caso, el juez federal Gustavo Lleral advirtió que “saber la causa de su muerte va a llevar un tiempo”. Lo dijo en referencia a las filtraciones sobre el informe preliminar y a las conjeturas que éstas propician, por lo cual agregó que “se habla tanto y muchas veces sin saber”. Por otra parte, el magistrado respondió sobre la convocatoria a declarar del denominado testigo “E” que realizó la fiscal federal Silvina Avila. Luego de meses de no investigar el rol de la Gendarmería y de haber desacreditado las voces de los mapuches, la fiscal pidió al juez que lo identifique y lo cite, como si el joven identificado con esa letra en los documentos de la CIDH fuera el único capaz de esclarecer el caso. “Verificaremos luego si se trata del testigo del que todo el mundo habla”, dijo el magistrado con cautela. 

En la resolución donde hizo este pedido, Avila tergiversó documentos oficiales. Así como faltó a la verdad respecto de las prendas de Santiago Maldonado en el informe que elevó al gobierno para que los funcionarios de Cambiemos respondan ante la ONU y la OEA –y que ocultó a la procuradora Alejandra Gils Carbó– ahora sostuvo que la medida cautelar que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para intimar al estado argentino a dar con Santiago Maldonado se basó exclusivamente en ese testimonio de identidad reservada (E). Pero esa declaración no existía como tal en el momento en que ese organismo se pronunció. El corpus probatorio que motivó la cautelar emitida por la CIDH el 22 de agosto es un extenso informe que describió el accionar del Estado, negando la responsabilidad de Gendarmería y poniendo en duda que Maldonado haya estado en el lugar de los hechos. 

El testimonio de E fue recogido por los abogados peticionantes recién entre el 11 y el 15 de septiembre, como parte de las pruebas de las violaciones a los derechos humanos que comenzaron con la represión en enero en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Fue ese joven quien afirmó que él y Santiago Maldonado escapaban juntos de los balazos de los gendarmes cuando ingresaron al río Chubut, que Santiago no pudo cruzar y volvió a la orilla, donde fue apresado por gendarmes. Lucas, tal su nombre de pila, habría sido el último de los compañeros de Maldonado en verlo con vida, pero podría no ser la única persona presente en ese momento: los gendarmes que lo rodeaban nunca fueron interrogados al respecto.

Dijo Ávila que “la querella de la APDH presentó ante la CIDH otros testigos, entre ellos el famoso E de nombre Lucas, dichas presentaciones dieron como resultado la resolución 32/17”. Sin embargo, esa resolución tiene fecha del 22 de agosto, mientras que ese testimonio fue recogido un mes después, en un segundo envío para pedir que la CIDH sancione al gobierno por el incumplimiento de la medida cautelar. “Ávila ni siquiera considera los hechos cronológicos, se maneja con absoluta impunidad”, dijo a PáginaI12 una fuente del caso. 

La fiscal fue aún más allá al pedir al juez Lleral que intime a los letrados de la APDH, en su caso Carlos González Quintana, y el otro peticionante, Fernando Cabaleiro, de Naturaleza de Derechos, porque al no hacer constar los datos filiatorios del testigo podrían haber violado una ley algo vetusta referida a las denuncias ante organismos internacionales. “Es un ataque infantil, nos amenaza en base a una ley de 1951, cuando ni existía la CIDH, que penaliza a todo aquel que propiciare denuncias en el exterior contra el Estado argentino con una pena de inhabilitación de cinco a 25 años”, dijo la fuente. 

Ahora, en una nueva embestida contra los testigos, y mientras los gendarmes sospechados ya se disponen a mudarse a otras provincias, un matutino reveló que el testigo Lucas pertenece a la familia de otras dos personas que figuran en el expediente. Luego de publicar que se desdijo para cobrar la recompensa de dos millones que ofrece el Estado a quien aporte información, lo cual fue desmentido por el propio juez Lleral, ahora ese medio difundió incluso a qué escuela concurría.

Posted in: NACIONALES, SOCIALES

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