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Veintitrés asesinatos de mujeres con pistolas reglamentarias en 2017

Femicidios con arma estatal

El quíntuple femicidio cometido por el agente penitenciario Facundo Solís, en Santa Fe, renueva las críticas al uso de armas reglamentarias. En 2017 fueron cometidos 23 femicidios con armas del Estado. En 2016 fueron 17.

El agente penitenciario Facundo Solís mató con su arma reglamentaria.
El agente penitenciario Facundo Solís mató con su arma reglamentaria. 

El quíntuple femicidio perpetrado una semana atrás por el agente penitenciario Facundo Solís, en Santa Fe, reactualizó el debate sobre el uso de armas reglamentarias fuera del horario de servicio por parte de miembros de fuerzas armadas o de seguridad. Y los riesgos que se potencian cuando se cruzan con un contexto de violencia machista. Solís ejecutó a su ex esposa, Mariela Noguera, y a cuatro familiares más de ella, con la 9 milímetros que el propio Estado le proporcionó. Incluso, con esa misma pistola amenazaba a sus hijos en su hogar, según trascendió. No son casos aislados. En 2017, 23 femicidios fueron cometidos por uniformados o ex policías o militares, de acuerdo con los registros de La Casa del Encuentro, a los que accedió PáginaI12. En 2016, fueron 17. En muchos de ellos, todavía en investigación, mataron con el arma reglamentaria. 

Como en el femicidio de María Esther Ramírez: tenía 63 años y vivía en Ushuaia, donde fue asesinada. La balearon en abril. El culpable sería su esposo, el ex suboficial de la policía, Alejandrino Mendoza, de 61 años, quien tras cometer el femicidio se suicidó. Mendoza utilizó un arma 9 milímetros que le había provisto la Policía y que conservaba luego de su pase a retiro. Es llamativo, pero un tercio de los 23 militares o policías o ex integrantes de fuerzas de seguridad que cometieron un femicidio el año pasado, terminaron suicidándose.

“Aunque la violencia de género tiene lugar con o sin armas de fuego, es necesario reconocer la especificidad de las armas de fuego en términos de los riesgos que éstas conllevan. A diferencia de otros instrumentos, una agresión con arma de fuego tiene altas probabilidades de producir consecuencias mortales. Pero además, se diferencia en que se trata de un objeto ideado para matar. De allí la obligación de los estados de controlar sus usos y prevenir sus consecuencias”, señala el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) en el informe sobre “Violencia de Género y Armas de Fuego en Argentina”, publicado en diciembre. Un aspecto fundamental para la abogada Ileana Arduino, investigadora del Inecip y una de las autoras del estudio, es desarmar la cultura institucional por la cual los uniformados portan el arma provista por el Estado las 24 horas. La mayoría de las muertes de policías ocurren cuando están de franco al intervenir en supuestos hechos delictivos. También la mayoría de los asesinatos de particulares perpetrados por uniformados. “La forma de limitar el riesgo es limitar el Estado policial. Los casos de violencia de género muestran de manera nítida que hay que avanzar en ese sentido”, opinó Arduino. 

“Quien ingresa a la policía adquiere el estado policial, y no lo pierde ni siquiera con el retiro, solo con la exoneración”, explicó a PáginaI12 Manuel Trufó, responsable del área de Violencia Institucional y Seguridad Democrática del Cels. Uno de los aspectos que deriva del “estado policial” es la portación del arma reglamentaria las 24 horas y la intervención en hechos delictivos incluso cuando están de franco. Históricamente fue una obligación. “Hoy en la mayoría de las fuerzas policiales, cuya regulación depende de cada gobierno provincial, la tendencia es a que sea un derecho. Esto significa que no es obligatorio. Pero en la práctica todos la llevan porque está muy arraigado en sus costumbres”, apuntó Trufó. En el debate por la nueva Ley de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que se aprobó en noviembre de 2016, el Cels propuso que se impidiera la portación de armas fuera de servicio. El planteo no prosperó. 

“Es muy necesario confeccionar protocolos específicos en la temática de violencia de género porque se está entregando un arma para perseguir un delito y no para cometerlo”, consideró Ada Beatriz Rico, coor dinadora del Observatorio de Femicidios, que La Casa del Encuentro.

La ex ministra de Defensa y de Seguridad, Nilda Garré, fue pionera en establecer medidas para enfrentar el problema. Desde 2008 en la primera cartera y 2012, en la segunda, existen regulaciones que prevén que si un efectivo tiene una denuncia por violencia de género se le deberá retirar el arma de dotación al finalizar la jornada laboral. En 2016, hubo 222 efectivos de fuerzas de seguridad que tenían esa restricción, tal como informó oportunamente este diario. Aunque se trata de medidas auspiciosas, tienen la limitación de que no siempre las mujeres denuncian o si lo hacen, como lo había hecho la ex esposa de Solís, también la pueden retirar presionadas por el propio agresor. Además, las fuerzas de seguridad provinciales no cuentan con regulaciones similares. Aun así, los jueces que intervengan en cualquier caso de violencia de género, sean uniformados o no los denunciados, pueden ordenar quitar un arma. Pero la ley no lo establece como una obligación. Y no siempre aplican esa medida.

Posted in: NACIONALES, SOCIALES

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