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ABORTO Más cerca de la ley

El martes 10 de abril se empieza a debatir en el Congreso de la Nación la legalización del aborto. Hay ocho proyectos presentados que se van a discutir. La iniciativa de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito cuenta con 72 firmas y es transversal. Mientras que otras iniciativas buscan congelar la demanda a los abortos no punibles y otras propuestas quieren avanzar en la producción y distribución de misoprostol. Además se busca poner freno a la objeción de conciencia como artilugio para obstaculizar y restringir la interrupción voluntaria del embarazo.

Verónica LLinás, una de las 150 actrices que firmaron una carta pública pidiendo el aborto legal.
Verónica LLinás, una de las 150 actrices que firmaron una carta pública pidiendo el aborto legal. 

A partir del 20 de marzo el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito se abrió paso en el Congreso de la Nación. Por primera vez, desde el comienzo de la democracia, la gran deuda con las mujeres tiene vía libre para ser discutida y aprobada. Hasta esta semana las diputadas y diputados pueden proponer especialistas para los debates en comisiones en donde se van a abrir las consultas y discusiones. Y el martes 10 de abril comienza la primera reunión en donde la demanda que es plasmada por una marea verde de pañuelos puede tomar cuerpo legal. Se estima que el debate va a durar tres meses y que, a mitad de año, se podría votar en la cámara de diputados. Es la mayor oportunidad para consagrar el derecho a decidir de mujeres y personas gestantes. La abogada Nelly Minyerski, Profesora Consulta de la UBA e Investigadora de UBACYT resalta: “Nos encontramos en un momento histórico y debemos aprovecharlo, cualquiera sea la motivación política que haya existido. Nunca se hubiera producido sin la lucha de los movimientos de mujeres de todo orden que ganaron la batalla en la conciencia social”. 

El camino al aborto legal está más cerca. A partir de la semana que viene se empieza a debatir en una convocatoria que engloba a las comisiones de Legislación General, Familia, Salud y Legislación Penal. Hay ocho proyectos presentados: el de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito (que tiene como primera firma a Victoria Donda, pero es un proyecto transversal) y es acompañado por 71 firmas más. Pero además hay otras iniciativas de Araceli Ferreyra (Peronismo para la Victoria), Sergio Wisky (PRO), Marcelo Wechsler (PRO), Daniel Filmus (Frente para la Victoria FPV -PJ), Mayra Mendoza (FPV-PJ), María Teresita Villavicencio (Evolución Radical), según surge de un análisis comparativo, elaborado con la información disponible hasta el 22 de marzo, elaborado por las abogadas Natalia de la Torre y Marisa Herrera, como parte de un trabajo del despacho de la diputada Analía Alexandra Rach Quiroga (FPV-PJ). 

Se abre una discusión compleja en donde la letra chica adquiere mayor dimensión y la defensa de proyectos que garanticen realmente (y no solo de palabra) el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Todos los proyectos prevén (con diferencias) la despenalización del aborto, salvo la iniciativa de Wisky, del PRO que solo pretende regular el procedimiento a realizar en los casos de aborto no punibles. Un punto importante es que, desde 1921, en el Código Penal, se permite el aborto no punible, pero, además, el fallo F.A.L, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó en 2012, ya habilita el aborto legal por causales. La iniciativa de Wisky, además, suma la necesidad de que las mujeres realicen una declaración jurada: un requisito que hoy no es exigido. Por lo que los proyectos para regular lo que hoy ya está permitido no son, en verdad, un paso para adelante en la revolución de las mujeres. 

La abogada Paola Bergallo y Profesora de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) delimita: “Las opciones regulatorias, que son razonable debatir hoy, son las que avanzan sobre la norma vigente que ya establece causales de aborto legal. En ese marco de opciones modernizadoras deberíamos tomar como parámetro los diseños legales de países que hace más de cuarenta años han experimentado restringiendo el derecho penal que ha sido profundamente ineficaz para proteger la vida en gestación y la libertad de las mujeres. A partir de ese consenso, los proyectos a discutir son los que prevén el aborto a requerimiento sea eludiendo totalmente la estrategia punitiva, como el de la Campaña, o los que la reducen al mínimo (excluyendo todo castigo de la mujer y previendo la sanción de quienes realicen abortos no justificados)”.

La abogada Soledad Deza, Coordinadora de Litigio de Católicas por el Derecho a Decidir, explica: “Todos los proyectos, a excepción de uno del Diputado Wisky, plantean la legalización –entendiendo por ello el reconocimiento de la decisión de la mujer de interrumpir voluntariamente un embarazo como una alternativa terapéutica que debe ser asegurada por el Estado en el sector público, privado y obras sociales– y la despenalización –la desincriminación de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), dentro de un plazo de catorce semanas. Todos coinciden en el plazo de catorce semanas para la IVE posiblemente porque evidencia posicionamientos mayoritarios sobre la imposibilidad de reconocer -hasta ese momento- en esa vida intrauterina rasgos de personalidad moralmente relevantes como son la capacidad de autoconciencia o de sentir”.  

El proyecto de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito es el que tiene más acompañamientos de diputadas y diputados de todos los bloques (por eso es transversal y cuenta con el respaldo de 72 firmas legislativas) y, a la vez, hay otras iniciativas que acompañan la discusión y que tienen algunas variaciones en la posibilidad de permitir el aborto legal en Argentina. Los procesos de discusión parlamentaria son arduos y complejos e implican una lupa sobre puntos concretos que garanticen que las jóvenes, adultas y trans vean consagrados sus derechos. Mientras que los consensos son imprescindibles para frenar intentos de desmantelar el fondo de la ley o promover obstáculos, impedimentos o restricciones o formas indirectas de desaliento que dejen incompleto el derecho a decidir. 

“El proyecto de la Campaña tiene en mira la autonomía de la mujer y la libertad de decidir su derecho a la salud en forma plena. No incorpora instituciones que la experiencia así lo acredita, que se convierten en verdaderas vallas para la efectividad y eficacia de las leyes, como la objeción de conciencia y las conserjerías que, por cuestiones operativas y confesionales, tornan de imposible cumplimiento la ley. Buscamos la despenalización y la legalización para que todas las mujeres que deseen interrumpir un embarazo en los términos de la ley, tengan acceso libre y gratuito, a todos los servicios de salud pública. Y que se obligue a la prestación a los servicios privados y obras sociales. Por eso, deseamos fervientemente que se apruebe el proyecto de la Campaña o, por lo menos, que se arribe a uno de consenso pero que tenga los principios indispensables”, subraya Minyersky. 

Una preocupación sobre la discusión legislativa son las barreras visibles o invisibles que obstaculicen, pongan barreras o fomenten el desalientos frente a las decisiones de las mujeres. Un eje central es que no se dilate la decisión de interrumpir el embarazo frente a una situación en la que las agujas del reloj pueden ser guillotinas. Deza advierte: “Respecto del procedimiento que prevén para que esta opción de abortar sea viable los plazos oscilan de cero a diez días. La alternativa más preocupante es la que plantea Wisky que condiciona el acceso a la prestación médica a la intervención de  un “equipo interdisciplinario”. Bajo la expresión “tiempo de reflexión”, el proyecto de Evolución Radical adiciona cinco días al acceso a la salud. Ambos casos suponen una  barrera innecesaria para la autodeterminación de la mujer que se verá obligada a reconsiderar y ratificar su decisión luego de veinticuatrohoras de solicitada la práctica y a su vez la Institución dispondrá de otros cinco días en los que debe garantizarla”.

Otro foco de atención es que pasa con las chicas y estudiantes secundarias que hoy son protagonistas centrales de la lucha por el aborto legal y la Educación Sexual Integral. Deza apunta: “Hay proyectos que resultan afines al nuevo paradigma que rige en el Código Civil y de la Nación y otros, que lamentablemente, exigen el consentimiento de representantes legales cuando el/la adolescente no lo precisa.  Quizás en este punto deban darse discusiones profundas para que un logro tan significativo como es el del reconocimiento de la “autonomía progresiva” no sea bastardeado bajo un tutelaje que retrotrae los estándares de derecho”. En la propuesta de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en las menores de 13 años se requiere el consentimiento de niña y el asentimiento de uno de sus representantes legales. En caso de falta o ausencia del representante legal de un allegado o adulto de referencia o con vínculo afectivo significativo

Otro punto clave es la producción nacional del medicamento para realizar el aborto. Y, la recomendación, de poner en marcha el misoprostolMade In Argentina está prevista en los proyectos de Ferreyra y Filmus, que también promueven la distribución con planes similares al Remediar. “Es indispensable para un aborto recomendado por la Organización Mundial de la Salud la fabricación nacional de misoprostol y mifepristona que permitiría acabar con el negocio de los laboratorios y que el Estado se haga cargo de poner al alcance de la mano un medicamento esencial”, destaca Deza.  

La objeción de conciencia no se utiliza ni en América Latina, Estados Unidos, ni en Argentina como una forma de ejercer la ética, sino de obstaculizar el acceso a derechos civiles, sexuales y reproductivos. Por eso, la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito quito la posibilidad de que los profesionales de la salud puedan anteponer su conciencia al acceso a la salud de las personas gestantes y solo pide que se garantice el acceso a la IVE. Mientras que Ferreyra estipula que cada establecimiento médico tiene que contar, por lo menos, con un servicios de salud que garantice la práctica y que se va a considerar una violación a la ley la utilización de la objeción de conciencia como mecanismo de discriminación (o sea, para eludir realizar el aborto), mientras que el proyecto de Filmus prohíbe la objeción de conciencia institucional (todo el hospital se declara objetor y nadie realiza el aborto). Además, prevé que se pueda incorporar la objeción de conciencia de forma individual y previamente informada, siempre que no implique dilación, retardo u obstáculo al acceso al aborto. En tanto, el proyecto de Mendoza delimita explícitamente: “El profesional actuante sólo podrá eximirse del deber de asistencia, cuando se hubiere hecho cargo efectivamente de la/del paciente otro/a profesional competente”. 

Deza remarca que la conciencia no es neutral: “La objeción de conciencia sigue siendo la vedette de la violación de derechos de las mujeres.  Seguramente el problema no es la noble protección de las conciencias, sino cuando el Estado se desentiende del tema y el desgobierno de la objeción carga a la cuenta de las mujeres los incumplimientos de sus efectores. El proyecto de la Campaña es el que aporta una visión más integral para este derecho negado. Y, sobre todo, es el que da cuenta de años de lucha, construcción colectiva ydiscusiones nuevas y viejas que lograron teñir de verde todo lo que rodea a esta deuda de la democracia”.

Posted in: NACIONALES, SOCIALES

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