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Los Moyano suman un pedido de informes

El juez federal de Morón solicitó datos sobre los vuelos del sindicalista y su familia

Néstor Barral reclamó información a la policía aeroportuaria y la ANAC en el marco de una causa por presunto lavado de dinero. El dirigente camionero acumula expedientes en tribunales aunque hasta ahora nunca fue llamado a indagatoria.

La causa contra Moyano se originó en la denuncia del secretario de Gobierno de Vicente López, Ennio Vitorini.
La causa contra Moyano se originó en la denuncia del secretario de Gobierno de Vicente López, Ennio Vitorini. 
Imagen: DyN

El abanico de causas penales contra Hugo Moyano, que ganó volumen y vigor en los últimos meses al son de su tira y afloje con el Gobierno, va sumando medidas de prueba, aunque hasta ahora el líder camionero no fue llamado a indagatoria. La última novedad, conocida ayer, es que el juez federal de Morón, Néstor Barral, pidió informes sobre viajes en vuelos privados de Moyano, su hijo Pablo, su esposa, Liliana Zulet y los hijos de ella Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet. Los oficios con requerimientos de datos, en especial sobre salidas del país, están dirigidos a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Se trata de un expediente por presunto lavado de dinero donde lo que se investiga si hubo maniobras de blanqueo de dinero que podría originarse en la obra social de Camioneros y se habría canalizado a través de empresas de la familia, la adquisición de inmuebles y otras operaciones.

El expediente a cargo de Barral, que impulsa el fiscal Santiago Marquevich, comenzó con una denuncia que hizo el secretario de Gobierno del municipio de Vicente López, Ennio Vitorini, en función de un anónimo que dijo haber recibido con información acerca de la adquisición de tres propiedades en Parque Leloir. En teoría es información que también tiene la Unidad de Información Financiera (UIF), un órgano entusiasta para investigar ex funcionarios y sindicalistas pero menos interesado en los empresarios afines al actual Gobierno y en sus funcionarios. La presentación del hombre de la intendencia de Jorge Macri, hablaba de la adquisición de propiedades a través de empresas vinculadas a la familia de Moyano: Ancora SA, del rubro de la construcción y Dixey SA, que fabrica indumentaria de trabajo y deportiva. Iarai SA, prestadora de salud, es otra empresa investigada en la trama.

La denuncia tiene puntos coincidentes con otra que tramita en Comodoro Py, en el juzgado de Claudio Bonadío en base a varias denuncias de Graciela Ocaña que ponían en duda el patrimonio de Moyano, y que comenzaron en 2009. Pero por ahora tramitan por separado. Barral había ordenado el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Moyano y su familia y desde febrero que recibe información de todo el país, ya que hay operaciones de la mayoría de las provincias, donde Camioneros tiene representación. El pedido de información sobre los viajes surgió a raíz de una publicación de Infobae, que aludía a 77 viajes al interior y países limítrofes en vuelos privados. Las dudas del fiscal y el juzgado no sólo pasan por el dinero invertido en los viajes, si no por la posibilidad de que las salidas del país hayan tenido relación con operaciones económicas ilegales. El juzgado espera información básica de la PSA y Anac y buscará cotejar, además, si todas las salidas del país estuvieron registradas.

A Moyano se le abrieron este año otros dos expedientes por posible lavado de dinero: uno en el fuero penal económico, con una denuncia que combina material de UIF y de la Procuraduría de lavado de Activos (Procelac), y otra a cargo del juez de Quilmes Luis Armella, que tuvo como disparador la declaración del barra de Independiente Pablo “Bebote” Alvarez, que involucró a Hugo y Pablo Moyano en negocios de ese club.

En Córdoba, Moyano fue denunciado en 2015 por la Procelac a raíz de la adquisición por parte de Camioneros de inmuebles por los que habrían pagado unos 6 millones de pesos pero que habían sido adquiridos dos meses antes por otra persona que había pagado unos 300 mil. La imputación e impulso para la investigación de parte del fiscal Gustavo Vidal Lascano tardó dos años en llegar, aunque es un paso que suele llevar unas semanas, y en febrero los medios afines al gobierno anunciaban que el juez Alejandro Sánchez Freytes estaba por citar al líder sindical a indagatoria. Están en marcha peritajes, el abogado de Moyano, Daniel Llermanos, llevó documentos al juzgado para mostrar un cálculo que dice que es erróneo, y  por ahora no hubo citación.

Está claro que jueces y fiscales tienen, algunos desde hace mucho, material de sobra para investigar sobre Moyano y su entorno, pero hasta ahora nada ni nadie pasó del anuncio de medidas de prueba e hipótesis.

Posted in: NACIONALES, SOCIALES

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