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Caputo, mentor de un modelo poco exitoso

Sobreprecios, aumento de la deuda y magia contable para no subir el déficit. Antecedentes en Europa

En Gran Bretaña y España, los organismos de control europeo cuestionaron y denunciaron las prácticas de asociación público-privada, que terminaron con graves perjuicios para el Estado y la población. Fue creado por Margaret Thatcher.

Para el Gobierno, el modelo ideal para realizar obras de infraestructura “cumpliendo las metas de austeridad”.
Para el Gobierno, el modelo ideal para realizar obras de infraestructura “cumpliendo las metas de austeridad”. 

El Gobierno apuesta sus últimas fichas a atraer capital privado extranjero no golondrina (movido por la especulación financiera) a través del sistema llamado de propiedad público-privada en la obra pública. La Asociación Público-Privada (APP) nació en los 80 en Gran Bretaña, bajo las luces del modelo privatizador y destructor de la industria nacional de Margaret Thatcher, y llegó a la mesa de decisiones del gobierno de Cambiemos de la mano de Luis Caputo (ministro de Finanzas) y de Horacio Reyser (secretario de Relaciones Económicas Internacionales), responsables además de los “show-rooms” en Argentina y en el exterior para entusiasmar a los inversores internacionales, ofreciendo esta forma de contratación como un espectacular negocio. Y por si no lograban convencerlos, ofrecían también plena disposición a cambiar el modelo en lo que los futuros inversores consideraran necesario.

Así llegó el proyecto al Congreso y se convirtió en ley en noviembre de 2016. Con el voto de una minoría oficialista y el buen servicio de bloques opositores (Frente Renovador, Bloque Justicialista), quienes respondieron rápidamente a la híperactiva campaña de lobistas que gastaron los pasillos del Congreso para conquistar voluntades. Hoy, un puñado de los votantes de entonces se muestran inquietos y reclaman información puntillosa al ver los escándalos que provocó en la vieja Europa el modelo thatcheriano de contratación, tanto en su propio país como en otros que lo imitaron, como España, Portugal, Grecia e incluso, más allá del continente, en Nigeria. 

Para el gobierno de Mauricio Macri y Luis Caputo, el gran atractivo del modelo es que permite asociarse a las firmas privadas para hacer las obras, empresas que son las que asumen la gestión de su realización, subcontratan servicios, compran insumos y, fundamentalmente, toman préstamos en el exterior. Como todo esto se realiza a título del contratista privado, el Estado no lo registra como gasto en un caso, ni como deuda pública en el otro. La magia contable permite así que la obra se realice, supuestamente, sin provocar un crecimiento del déficit fiscal. Por otro lado, la deuda que contratan los privados para estas obras no están obligadas a cumplir ninguno de los requisitos que sí se le impone a la Administración Pública cuando emite deuda. Y no es que esto le “ahorre deuda” al Estado, puesto que a medida que avanza la obra (es decir, se liquidan los gastos y las subcontrataciones), el Estado emitirá títulos de deuda por hasta 25 años para pagarle al adjudicatario de la obra. 

Es decir, el Estado queda endeudado, pero por un monto que queda definido por los términos de contratación (en las compras de insumos, servicios y préstamos) que definió la empresa adjudicataria. “Es la privatización del endeudamiento”, definió ayer la diputada bonaerense Rocío Giaccone (Bloque Peronismo Kirchnerista) al comentar estas adjudicaciones con el autor de esta nota. 

Al modelo neoliberal y de ajuste estructural en marcha desde diciembre de 2015, el sistema de asociación público-privada le viene como anillo al dedo. “Tenemos que cumplir con las metas que nos fuerzan a ser austeros, pero por otro lado tenemos que brindar más inversiones en infraestructura para que las empresas sean más competitivas”, definía Luis Caputo en noviembre de 2017 a la agencia Reuters. La austeridad pasa por no dejar registrado contablemente los costos de la obra, que de todas formas paga el Estado. Pero a qué precio y con qué efectividad, es un interrogante. Para acercarse a la respuesta, sería provechoso recurrir a los antecedentes de los países que ya aplicaron el modelo de las APP para la obra pública. 

Marcelo Justo, corresponsal de PáginaI12 en Londres, reseñó algunos antecedentes en una nota que publicó a principios de 2018. “El futuro del régimen de Participación Público Privada (PPP) de Mauricio Macri, caballito de batalla de la lluvia de inversiones que persigue el gobierno desde 2015, se puede ver en el escandaloso presente del Reino Unido. La National Audit Office (NAO), que supervisa las cuentas y contratos estatales, acaba de publicar un exhaustivo informe en el que estima que el estado británico deberá pagar alrededor de 200 mil millones de libras (unos 225 mil millones de dólares) al sector privado en los próximos 25 años por los proyectos montados con la Private Financial Initiative (PFI, en inglés), modelo original de las PPP”, señalaba PáginaI12 en su edición del 29 de enero de este año. Informaba Justo allí que “la quiebra en enero de una de las principales contratistas de las PFI, la segunda constructora del país, Carillion, puso sobre el tapete los polémicos contratos. El  informe de la NAO derribó la explicación fácil de la supuesta “manzana podrida” de un árbol floreciente. Según el informe, los proyectos de la PFI que el estado financió en “cooperación” con el sector privado, costarán un 40 por ciento más que si la inversión la hubiera hecho el estado sin participación privada”.

Los sobreprecios se convirtieron en una constante en estos contratos. Al menos, los que quedaron bajo la lupa de la investigación de los organismos de control europeos. “La PFI se ha exportado a países europeos golpeados por la crisis de la deuda de 2010 –Grecia, España, Portugal– y naciones de Asia, Africa y América latina. En España acaban de sufrir un duro golpe en febrero cuando el gobierno anunció la estatización de las autopistas construidas con la PPP (Participación Pública Privada), luego de que las constructoras se declararan en bancarrota con pérdidas de 2500 millones de dólares que deberá asumir el fisco. En Nigeria, los altos costos del PFI en la construcción de hospitales tuvieron la paradójica y trágica consecuencia de reducir el gasto en salud debido a los pagos comprometidos por el estado a las empresas privadas, según una investigación publicada por Oxfam en 2014”, informaba el colega Marcelo Justo en la misma nota.

Pese a estos antecedentes, Argentina importó el modelo de asociaciones público-privadas, “mejorándolo” a favor del capital privado. No sólo le otorgó la facilidad de litigar en tribunales internacionales en caso de controversia (la alternativa Griesa), sino que además introduce una cláusula de garantía de rentabilidad mínima para el inversor. Representa otra forma de privatización, permitiendo a las empresas privadas beneficiarse del dinero público y exigiendo a los servicios públicos que proporcionaran oportunidades comerciales rentables”, señalaba Diego Rubinzal al referirse al tema en una reciente nota del suplemento Cash. Un nuevo paradigma del neoliberalismo, una forma “novedosa” de transferencias al sector privado, aunque con pésimos antecedentes. Ahora, también en Argentina.

Posted in: NACIONALES, SOCIALES

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