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Denuncian como inconstitucional la norma votada por la Legislatura

El Distrito Joven y el viejo truco de las concesiones

La aprobación de la ley de DJ la semana pasada desató fuertes críticas. Organizaciones sociales aseguran que acudirán a la Justicia. Quienes se oponen aseguran que se trata de una norma hecha a la medida de los empresarios.

La Costanera Norte en su totalidad, a excepción de los terrenos universitarios, pasará a manos privadas.
La Costanera Norte en su totalidad, a excepción de los terrenos universitarios, pasará a manos privadas. 
Imagen: Pablo Piovano

Diferentes organizaciones sociales anunciaron que recurrirán ante la justicia la ley de Distrito Joven recién aprobada por la Legislatura porteña, a la que consideran inconstitucional, y que representa un retroceso a la década de los 90 que sólo beneficia a los negocios inmobiliarios. La presentación ante la justicia la realizarán una vez que la norma sea publicada en el Boletín Oficial.

La Ley de Distrito Joven le permite al Ejecutivo otorgar en concesión el uso y la explotación de los espacios de dominio público ubicados en el polígono de la Costanera Norte por un plazo de hasta diez años. 

“Con esta ley se vuelve a las políticas de privatización y mercantilización de principios de los ‘90”, aseguró el director del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo,  quien agregó que “es una ley hecha a medida de los empresarios que se siguen beneficiando de la tierra pública.” 

Por su parte, el legislador Patricio del Corro, del Frente de Izquierda PTS, quien votó en contra, subrayó que la ley es inconstitucional porque en la Ciudad de Buenos Aires “existe el Camino de Sirga, o sea todo lo que es lindante con zonas de río, costeras, tienen que ser de libre acceso para toda la población”. 

“Creemos que la manera de recuperar la Costanera Norte no es haciendo un polo de negocios donde los empresarios de la noche y gastronómicos van a tener exenciones impositivas,  sino creando zonas de espacios verdes para el deporte y la recreación de la cultura de la juventud. Pero no ha sido así encarado este proyecto, es una continuidad de lo que se está haciendo en Puerto Madero y de lo que han hecho en Catalinas y en las zonas de los restaurantes más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires”, enfatizó del Corro en diálogo con Pagina/12.

Desde su espacio, consideran que “esto perjudica a la gran mayoría de la población, en primer lugar porque esos espacios que tendrían que ser de libre acceso, destinados a la cultura y a la recreación, se dedican para negocios”.

Además, es una zona de muy difícil acceso porque “son pocos los colectivos que llegan a la zona y tampoco hay otros medios de transporte”, por lo que remarcó que en la zona “se está creando una cantidad de cocheras muy importantes a cargo de emprendimientos privados”.

En ese sentido, del Corro aseguró que la construcción de playas de estacionamiento privadas demuestran que el proyecto “no está destinado a la gran mayoría de la población sino a ser un polo para un sector que pueda tener un nivel económico suficiente como para ir a esos lugares y también para acceder”. 

Con esta nueva ley se amplía el polígono a toda la Costanera Norte, con excepción de los terrenos de la Universidad y el Parque de la Memoria.

Baldiviezo hizo especial hincapié en la inconstitucionalidad de la nueva ley. “Es inconstitucional porque el artículo 8 de la Constitución de la Ciudad, recogiendo el espíritu y las luchas de los 90’s, estableció que los espacios contornos a la ribera del Río de la Plata debían ser espacios de libre acceso y de libre circulación”. 

“Cuando uno privatiza esos espacios lo que hace es establecer una prohibición más para el acceso a esos espacios porque tenés que tener la capacidad económica para pagar lo que exija la empresa que está concesionando. Ya deja de ser un espacio de libre circulación, queda restringida a cuestiones económicas que dejan a grandes sectores de la sociedad excluidas de la Ciudad e impedidas de poder acceder y disfrutar de esos espacios”, explicó. 

Baldiviezo además sostuvo que la Constitución porteña “está queriendo decir que esos espacios no se privaticen, que sean corredores verdes y que sean equipamientos públicos donde el gobierno administra y le permita el acceso a todos”. 

La Constitución de la Ciudad y el Plan Urbano Ambiental, ordenan que debe incrementarse los espacios públicos verdes de acceso libre y gratuito y en particular que deben recuperarse las áreas costeras y según los especialistas consultados, esta nueva ley “va en una dirección directamente opuesta”. 

“Cuando se logran conquistas sociales y ambientales, es decir se avanza en el reconocimiento de derechos ambientales,  los gobiernos coyunturales no pueden retroceder. Esa es la garantía que por el esfuerzo que hacen los ciudadanos por sus derechos no tengan que estar constantemente luchando por los mismos derechos. Una vez que se conquista no se puede retroceder. En este caso la conquista fue recuperar la costa de la Ciudad, y la Ciudad tiene que tener una planificación más orientada hacia el río, y que esta Costanera sea utilizada y usufructuada por todos y no únicamente por un grupo empresario. En esta conquista y en estos derechos, la Ley de Distrito Joven realiza un giro de 180 grados a estas políticas y a estos derechos conquistados”, denunció Baldiviezo. 

Según explicó, los avances en políticas ambientales y conquistas de derechos ambientales tienen protección constitucional a través del principio de progresividad y de no regresividad en materia ambiental. 

Durante varias décadas se explotaron boliches, salones de eventos y restaurantes sobre predios destinados a parques públicos, otorgando permisos y concesiones sobre terrenos de la Ciudad, destinados a espacios verdes, que según el Observatorio fue a precios irrisorios, estaba prohibido y ocupaban la vía pública. 

“Los que ya están explotando esos espacios son grupos empresarios como Telemetrix, que es el actual concesionario de Costa Salguero o Benito Carrasco que es la Concesionaria de Punta Carrasco, también restaurantes como Pizza Banana, Siga la Vaca, Rodizio, Gardiner; Pachá está concesionado a la empresa que organizó la fiesta Time Warp, donde murieron cinco jóvenes y ahora terminan siendo destacadas otorgándoles los beneficios de una nueva concesión”, analizó Baldiviezo. 

Todos estos locales se encuentran en predios que la Legislatura de la Ciudad estableció por ley que deben ser destinados a espacios verdes y grandes partes. Es decir que fueron zonificados como Urbanización Parque (UP) por eso “las concesiones una vez vencidas no podrían renovarse porque justo hay una ordenanza de la Ciudad que establece que los espacios verdes no se pueden privatizar, pero el gobierno decidió concesionarlas cinco años en unos casos, cuatro en otros, y en otros otorgó permisos precarios que se van renovando anualmente”, explicó. 

“Este año vencen estos permisos otorgados tanto para Costa Salguero como para Punta Carrasco y por eso también la celeridad de que se haga tratar sí o sí el Proyecto Distrito Joven. Porque una vez finalizadas estas concesiones, seguramente iban a haber muchos reclamos administrativos judiciales exigiendo al gobierno que estas tierras vuelvan a entrar en la administración del Estado y que sean abiertas al público. Imaginemos Costa Salguero que es como una mini ciudad de diecisiete hectáreas donde hay decenas de edificios si el gobierno tuviera la obligación de abrirla al público”, enfatizó.

Según su opinión, “eso no lo iba a permitir este gobierno, no lo iban a permitir los empresarios y por lo tanto decidieron que estos edificios que fueron construidos en la concesión, que debían ingresar al Estado, nuevamente fueran concesionados para que los empresarios tengan el control del territorio. Diecisiete manzanas, una mini ciudad que está en control de los empresarios desde hace más de 30 años”. 

Para Baldiviezo el objetivo de este proyecto convertido en ley, no es más que una forma de brindarles seguridad jurídica a los empresarios que quieren la explotación de la Costanera Norte.  

“Crearon este proyecto llamado Distrito Joven, con la única finalidad de garantizar las explotaciones comerciales. Luego le agregaron cuestiones que tienen que ver con recuperar la costa de la ciudad, la cuestión de la juventud. Pero el objetivo que hay detrás es garantizar la explotación comercial, sin el temor de que sea judicializado, cuestionado o que haya denuncias penales porque también fueron presentadas denuncias penales por los cánones irrisorios o concesiones mal otorgadas”. 

En los años ‘90 luego de muchos reclamos y acciones de los ciudadanos, se prohibió la privatización de la Costanera Norte a través de la Ordenanza Nº46.229. Debía existir un gran corredor verde a lo largo de la Costanera Norte y debía ser de acceso público y gratuito en toda su extensión y superficie. Luego en 1994 se sumó la sanción de la Ordenanza Nº 47.666 que especificaba sobre la “Ribera del Río de la Plata” y prohibía en la rambla Costanera Norte el otorgamiento de permisos de ocupación, uso y explotación, de cualquier índole. 

En la nada parecen haber quedado esas ordenanzas y el artículo 8 de la Constitución porteña. El Distrito Joven ya es ley.

Posted in: NACIONALES, SOCIALES

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