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El aborto llegó a la CIDH

Organizaciones de DD.HH. pidieron que se oriente el debate

Amnistía Internacional, Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Estudios Legales y Sociales y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género advirtieron sobre los obstáculos que encuentra el aborto no punible.

La abogada Edurne Cárdenas, del CELS, y la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay.
La abogada Edurne Cárdenas, del CELS, y la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay. 

Argentina debe asegurar el acceso pleno y efectivo a los abortos que ya son legales, afirmaron ayer las comisionadas por el país, en una audiencia pública convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en coincidencia con el debate por la legalización del aborto en el Congreso.

“Los estándares son claros: las mujeres tienen el derecho y la autonomía de decidir sobre sus cuerpos y el Estado tiene que asegurar esos derechos a las mujeres y en particular a las niñas y a las personas jóvenes”, dijo la presidenta de la Comisión, Margarette May Macaulay, durante la jornada “Argentina, salud sexual y reproductiva”, en la tercera de las audiencias públicas que la CIDH celebra esta semana en Santo Domingo y cuya agenda incluye también el examen de casos de Bahamas, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela. En tanto, la comisionada Esmeralda Troiti señaló que “todo acto sexual con una niña es violación, y si éste lleva a embarazo, es un embarazo forzado. Su vida y su proyecto de vida es lo que hay que proteger”.

La audiencia pública fue pedida por Amnistía Internacional Argentina, Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, que coincidieron en detallar “los obstáculos al aborto no punible y la necesidad de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo para garantizar los derechos de las mujeres, personas trans, niñas y adolescentes”. “En la actualidad, más de la mitad de las provincias del país no cuenta con normas que aseguren el ejercicio efectivo del derecho a la interrupción legal del embarazo, previsto para los casos en los que la gestación implica un peligro para la salud de la mujer o en casos de violación”, plantearon las entidades.

En un documento conjunto divulgado en el 168 período de sesiones, los organismos advirtieron que “esto significa que una gestante puede acceder a un aborto legal en una jurisdicción, mientras en otra su derecho puede ser negado, empujándola a la clandestinidad y la criminalización”. “Reformar la norma que penaliza el aborto es un imperativo de derechos humanos” en Argentina, donde “más de medio millón de mujeres se someten a abortos clandestinos cada año en el país y más de tres mil mujeres han pagado con su vida por la criminalización del aborto desde 1983”, enfatizaron. “El embarazo no deseado es resultado de pobreza, exclusión, falta de educación sexual y falta de acceso a aborto legal”, agregaron. En tanto, la abogada Edurne Cárdenas, del CELS, añadió que cada tres horas una niña de 10 a 14 años se convierte en madre. 

En su intervención, Noelia Garone, de Amnistía Internacional, subrayó que “invocar la objeción de conciencia por fundamentos religiosos pone en peligro la vida de niñas y mujeres en Argentina y las obliga a recurrir a abortos inseguros”.

Las cuatro organizaciones que solicitaron la audiencia pidieron a la CIDH “que oriente el debate legislativo y refuerce los estándares internacionales respecto del derecho a la salud sexual y reproductiva de las gestantes”, ya que muchos de los argumentos utilizados en contra de la legalización del aborto en la Cámara de Diputados hacen un uso espurio del derecho internacional de los derechos humanos. 

En marzo de 2012, la Corte Suprema Justicia de la Nación se pronunció en el caso “F.A.L.” y aclaró no sólo el alcance del derecho al aborto no punible, sino que también estableció pautas para evitar los obstáculos más frecuentes, al establecer que no se requiere autorización judicial ni denuncia policial previa para acceder al aborto en estos casos.

La Corte exhortó al Estado a asegurar la “disposición de todas las condiciones médicas y sanitarias requeridas para la realización de los abortos legales de manera rápida, accesible y segura” sin imponer cargas desproporcionadas a las mujeres, y convocó a los poderes judiciales de todas las jurisdicciones a que se abstengan de judicializar el acceso a los abortos legales.

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