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Cuando la clase viene marchando

OpiniónPor Mario Wainfeld

Un notable museo dedicado al premier británico Winston Churchill cuenta entre sus atractivos con un cortometraje que reseña los viajes que realizó durante la Segunda Guerra Mundial. En aviones, autos, jeeps, barcos, hasta algún camello. Como parte del audiovisual, un “cuenta millas” calcula el trayecto recorrido.

Diferencias al margen –y midiendo en kilómetros- sería aleccionador conocer cuánto llevan marchando los argentinos, en su historia, desde la recuperación democrática, desde el advenimiento del macrismo. 

Los docentes dan lecciones en ese aspecto, poniendo el cuerpo, peticionando pacíficamente, atravesando toda la Argentina. La Marcha Blanca durante la presidencia de Raúl Alfonsín jalonó el camino. 

La Carpa Blanca escogió otro formato (inteligente e innovador en términos mediáticos) cuando el ex presidente Carlos Menem entregaba a precio vil el patrimonio nacional, diseminaba las funciones sociales del Estado y se las arrojaba a las provincias, sin proveerlas de los recursos necesarios.

El Fondo de Incentivo docente y la Paritaria Nacional (PND) llegaron como coronación de luchas sin violencia, de lecciones sin soberbia. El presidente Mauricio Macri y su equipazo derogaron de facto la PND, atropellando derechos y desacatando la ley. Persigue el mismo objetivo que Menem: debilitar al sindicalismo docente, un rival difícil de doblegar. Por su combatividad y por la trayectoria intachable de sus dirigentes, desde el añorado maestro Alfredo Bravo, pasando por Marta Maffei, Hugo Yasky, Sonia Alesso, entre tantos.

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal les pide por favor a los empresarios que no aumenten ciertos precios mientras reserva su peor rostro para los maestros. La oferta que hizo meses atrás resulta ridícula, desfasada de la inflación corrida y de la que garantizan los tarifazos venidos y por venir. La contrapropuesta de los gremios es sensata a carta cabal, máxime conociendo qué pasó en el primer cuatrimestre.

¿Ignoraba Vidal el rango de inflación para el año? ¿Confiaba, con fe de carbonero, en las ridículas metas enunciadas por el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger? ¿O tenía nociones claras y fingió demencia? En el primer supuesto, obró sin entender nada. En el segundo, se adiciona la mala fe.

En todo caso, la propuesta de Vidal deja a la intemperie a los maestros, propone condenarlos a perder una fracción intolerable del valor adquisitivo de los salarios.

Macri y Vidal se parapetan detrás de “los chicos”: les encarecen a los docentes que renuncien a su derecho de parar o de movilizarse. 

La defensa de la educación pública recae, como siempre en la comunidad: las familias, las pibas, los pibes y el conjunto de los maestros. 

El único aporte, involuntario, del equipazo de Macri es demostrar las flaquezas de la educación privada. Una caterva de funcionarios con tropiezos para enhebrar sujeto, verbo y predicado o para conjugar los verbos. 

Algunas provincias cerraron paritarias decorosas, rango accesible solo si contienen cláusula gatillo. En las demás, el ingreso de los laburantes se devalúa compitiendo con el peso… es mucho decir.

De cualquier manera, el oficialismo calcula que esconderse detrás de los usuarios o los alumnos sigue dándole réditos, en el peor momento desde diciembre de 2015.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, enfrenta con fe a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y del Premetro (AGTSyP), a quienes se apoda “metrodelegados”. Cambiaron de rango varios años atrás, son un sindicato. Se les reconoció personería al final del gobierno kirchnerista, una mediocre sentencia de la Corte Suprema la restituyó transitoriamente a la Unión de Transporte Automotor (UTA). El fundamento es la falta de cumplimiento de recaudos formales: la decisión no es definitiva. La disputa por la personería continúa, aunque insumirá tiempo.

En el ínterin, la AGTSyP es un sindicato reconocido sin la facultad de participar en las convenciones colectivas. Rodríguez Larreta los define como “sindicato ilegal”; un oxímoron o un bolazo. 

La propia Corte reconoció (en el fallo “Orellana”) a los sindicatos simplemente inscriptos el derecho a huelga, apegándose al texto del artículo 14 bis de la Constitución.

La legalidad, los laburantes del subte lo saben de memoria, es insuficiente para granjearse la aprobación de numerosos usuarios. Los paros de servicios públicos suscitan contradicciones entre trabajadores. La lesividad damnifica a los usuarios. La solidaridad de clase claudica –puede claudicar, por la parte baja– cuando gente común ve alterada su rutina, debe caminar hasta su destino o emprender viajes más largos e incómodos.

Los huelguistas eligieron una modalidad escasamente dañosa: ceses de actividad durante lapsos cortos, rotativos, en distintas líneas. El paro general surgió como respuesta a un ataque brutal de la Policía porteña. Una provocación, premeditada. Robocops avanzando por los túneles, disparando gas pimienta y apaleando huelguistas sin distinción de género, remachada con arrestos sin orden judicial. 

El macrismo, empero se victimiza, culpa a los sindicalistas y aspira a concitar el consenso de “la gente”.

En medio de la recesión, Rodríguez Larreta dinamiza una actividad de servicios: las empresas encuestadoras. El martes mismo, a media tarde, los teléfonos fijos de la Ciudad Autónoma repiquetearon. Una grabación los sondeaba, no menos de ocho preguntas, mencionando a repetición el apellido de Néstor Segovia, Secretario adjunto del gremio quien sufrió un ataque de hipertensión a consecuencia del maltrato.

Los sindicatos, atinadamente, resolvieron no prolongar el cese de actividades. 

El oficialismo alardea de guapo, mira de reojo en las encuestas y ejercita un doble standard patético cuando “negocia” con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Escenas ya vistas de la clásica derecha autóctona.

Rodríguez Larreta, por motivos existenciales, está impedido de decir “ramal que para, ramal que cierra” aunque incita a sus fuerzas de seguridad a ensañarse con ciudadanos indefensos. 

La empresa Metrovías anuncia suspensiones y despidos, sin prestar atención a los derechos de los delegados.

La política económica hace agua por todos lados; el FMI le impone al Gobierno que unifique personería. El imaginario “ascenso” del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se cocinó en Washington, no en Olivos. Sus cofrades del gabinete se lo hacen sentir mientras el comisionado del Fondo reclama proyectos de recortes. O sea, más despidos en puerta.

La vida cotidiana de los argentinos es más dura, día tras día. La calle y las Plazas se pueblan contra el modelo económico. Un juez suspende los cortes de servicios de gas, una medida interesante y novedosa. 

Mañana, 25 de mayo, una multitud se dará cita en el Obelisco porteño. La Marcha federal, apoyada por un arco transversal de organizaciones sociales, gremios y partidos avanza hacia la Capital.

El Gobierno espera que el FMI arroje el salvavidas, como si fuera el Plan Marshall II. Nada que ver, desde ya.

La tentación represiva, un componente clásico del macrismo, asoma como temible posibilidad. 

La historia continuará, con cientos de miles de argentinos fatigando kilómetros en todo el país para defender de sus intereses, sus derechos, su dignidad.

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