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Un factor de tensión para Macri y el campo

Empezó el juicio que podría devolverle al Estado el patrimonio del predio de La Rural

Ayer fue la primera audiencia y se leyeron las acusaciones contra Menem, Cavallo y otros ex funcionarios por la venta irregular del predio en 1991. El Estado es querellante a través de la AABE, pero no está claro con cuánta firmeza pedirá la restitución.

El ex presidente Menem, al igual que el ex ministro Cavallo, está acusado de peculado.
El ex presidente Menem, al igual que el ex ministro Cavallo, está acusado de peculado. 

A 27 años de la venta por decreto del predio de La Rural, que era un bien público, se abre por primera vez la posibilidad de que regrese al patrimonio del Estado en el contexto de un juicio que comenzó en Comodoro Py y que tiene como protagonistas a Carlos Saúl Menem y Domingo Felipe Cavallo, en el banquillo. Ayer, el ex presidente y el ex ministro de Economía pasaron horas sentados a pocos metros en la sala de audiencia del subsuelo de los tribunales federales, uno en la primera fila y el otro en la segunda, pero no se dirigieron la palabra. Están acusados del delito de peculado, que implica “sustraer caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo”, y junto con ellos están en juicio diez ex funcionarios y empresarios con diferente participación en la venta que, además, según la acusación, se concretó a un precio vil. Más allá de las penas posibles –que van de dos a diez años de prisión–, la restitución al patrimonio público será requerida por la fiscal que interviene, Gabriela Baigún, y podría ser solicitada también por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que es querellante.

Menem camina con dificultad. Quien lo ayudaba ayer era su hija, Zulemita, que se quedó adentro de la sala de audiencias, sentada al fondo, con blusa blanca y el pelo largo recogido. Ella sí saludó a Cavallo, con un dejo de afecto que no pasó inadvertido. La audiencia de ayer consistió en la lectura de la acusación, que surge de la elevación a juicio del fiscal de instrucción, Carlos Stornelli, que merodeaba entre el público. Pero el tedioso ritual quedó trunco porque el corte de luz que afectó a buena parte de la ciudad llegó a Retiro. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) esperó unos quince minutos y dispuso un cuarto intermedio hasta la semana próxima. A esa altura, Menem y Cavallo ya no estaban. Uno porque alegó trabajo pendiente en el Senado y el otro por un turno médico. Entre el resto de los acusados estaban el presidente de la Sociedad Rural al momento de los hechos, Ricardo de Zavalía, y el secretario de la entidad, Juan Alberto Ravagnan; dos ex funcionarios del Ministerio de Economía, y seis de los bancos Ciudad e Hipotecario. Estos últimos están implicados por haber dado una “colaboración necesaria” ya que hicieron una tasación irrisoria, que habilitó que un predio que valía, como mínimo, 131.800.000 pesos/dólares, fuera valuado en 30 millones. En consecuencia, se vendió por una cuarta parte de su valor.

El predio de La Rural, ex Parque Tres de Febrero, era de dominio público desde los tiempos en que fueron expropiados bienes pertenecientes a Juan Manuel de Rosas. En 1991, Menem recibió una propuesta de la Sociedad Rural para comprar el predio y autorizó la venta a través del decreto 2699 del 20 de diciembre de ese año. El boleto de compra-venta fue firmado por Cavallo y las autoridades de La Rural el mismo día del decreto, con un pago inicial de 3 millones de pesos. Según estableció Stornelli en su requerimiento de elevación a juicio, una transferencia de esas características sólo se podía haber hecho por ley, pero se utilizó un régimen de venta de bienes de dominio privado del Estado. El carácter de “dominio público” implicaba que se encontraba bajo condiciones de “inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad e inejecutabiliad, que le impedían al Estado nacional, aún por medio de su máxima autoridad, venderlo”.

En 2012, Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 2552, que declaraba la nulidad de aquella venta y ordenaba su recuperación para el Estado. Pero la Sociedad Rural presentó un amparo para frenar la devolución: perdió en primara instancia, pero consiguió un fallo favorable en el Cámara Civil y Comercial. Todavía el tema sigue abierto. El primer procurador del Tesoro que tuvo el gobierno de Cambiemos, Carlos Balbín, dictaminó a favor del regreso del predio a manos estatales y en respaldo de la decisión de CFK.

La fiscal Baigún interviene en equipo con la fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Dafne Palápoli, con la colaboración de la Dirección General de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración. No está claro si la AABE será enfática con el pedido de restitución, en momentos de tensión con el campo y las retenciones. La semana pasada, el actual titular de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, salió a defender lo que consideró una “compra a derecho”. Para los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y José Michilini será todo un desafío. Las audiencias se harán todos los miércoles, habrá unos 40 testigos y se estima que el juicio durará unos tres meses. La semana que viene, es posible que las defensas planteen nulidades y, entre otras cosas, la prescripción. La particularidad del caso es que, como Menem siguió ocupando cargos públicos, se fue interrumpiendo la prescripción, arrastró al resto de los acusados en ese escenario y todavía se puede hacer el juicio.

Posted in: NACIONALES, SOCIALES

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