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Las excarcelaciones son sólo para los amigos

La doble vara que viene utilizando la Justicia quedó de nuevo demostrada en las resoluciones de ayer

La Cámara Federal rechazó ayer la excarcelación de siete funcionarios y empresarios detenidos en la causa de los cuadernos. Casación, en tanto, hizo lo mismo con Boudou, Núñez Carmona y Ciccone. No actúan igual con otros empresarios.

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun rechazaron ayer siete pedidos de excarcelación.
Los camaristas Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun rechazaron ayer siete pedidos de excarcelación. 

La Cámara Federal rechazó ayer la excarcelación de siete funcionarios y empresarios detenidos por la causa de las fotocopias de los cuadernos. Los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, alineados con la Casa Rosada, alegaron que la investigación está en sus comienzos, que es muy compleja, que pueden aparecer nuevos arrepentidos y que los detenidos podrían afectar incluso los allanamientos que se hagan. No fundamenta en concreto en qué podrían alterar una investigación centrada en hechos que ocurrieron entre tres y diez años atrás. Pero, sobre todo, las mismas acciones las podrían realizar los empresarios y funcionarios que se “arrepintieron”, que están en libertad, la mayoría sin aportar ninguna prueba de lo que dijeron. No se explica, por ejemplo, por qué están en libertad Franco y Mauricio Macri, Paolo Rocca y otros empresarios sobre los que hay “arrepentidos” que dicen que armaron licitaciones, arreglaron ganadores de manera fraudulenta, impusieron sobreprecios al Estado y pagaron coimas. En unos casos por obra pública, en otros por concesiones de rutas, y hasta hubo quienes –entre ellos, el grupo Macri– están señalados tanto por arreglar licitaciones como por cohecho en los peajes. 

Línea 

El alineamiento del partido judicial con Cambiemos fue aumentando en la medida en que la Casa Rosada fue afrontando más dificultades económicas y sociales. El modelo es el de Brasil, con Lula en la cárcel.

Hace una semana la alianza quedó patentizada en la reunión privada que el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, mantuvo con el juez Claudio Bonadio. Luego, a través de sus tradicionales voceros, hizo circular la versión de que el presidente del máximo tribunal respalda en todo al juez. El fiscal Carlos Stornelli se apropió del expediente en un bar, tras charlar con el periodista de La Nación que tenía los cuadernos. 

El método extorsivo de mandar a casa a los que se “arrepienten” y al calabozo a los que niegan los hechos tampoco registra antecedentes. Las coimas, asociaciones ilícitas, maniobras en las licitaciones ocurrieron hace más de tres años y perfectamente se pueden investigar a través de pruebas documentales y tomando indagatorias. La pesquisa es tan discrecional, que llaman a declarar al número 2 de Techint y no al 1, Paolo Rocca, suponiendo que la empresa pagó 100.000 dólares de coima sin el visto bueno del dueño. Dos “arrepentidos” acusaron al grupo Macri de amañar licitaciones y pagar coimas en los peajes, pero no se llamó a declarar ni al Presidente ni a su padre. 

Todo ello demuestra el carácter de discrecional, de persecución, que tiene el expediente.

Casación

Ayer, el bloque aliado a la Casa Rosada se manifestó nuevamente a través de la Cámara de Casación, en el voto de Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, denegando el tratamiento de la excarcelación de Amado Boudou, Nicolás Ciccone y José María Núñez Carmona. El Tribunal Oral 4 los había mandado a prisión pese a que no había hecho lo mismo en ningún caso anterior: siempre permitió que los condenados en juicio esperaran en libertad hasta que el fallo fuera confirmado, como mínimo, por la Casación. Ese fue el sentido del dictamen del fiscal Marcelo Colombo, quien estaba a favor de que estuvieran libres.     

Esta vez, no sólo el Tribunal mandó presos a Boudou – Núñez Carmona – Ciccone, sino que la Sala de la Casación ni siquiera admitió el recurso, presentado por tres abogados distintos, que según los magistrados plantearon mal las cosas. O sea que los tres jueces alegaron razones de forma para no intervenir en el caso de personas que están privadas de su libertad, pero el mismo tribunal –con otra composición– se metió, sin ninguna justificación, en el caso Indalo y mandó a prisión, por orden pública y específica de Mauricio Macri, a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. Ninguno de los dos ha sido juzgado ni condenado por ningún tribunal. 

Cámara Federal

También ayer la Cámara Federal mostró su sintonía con el Poder Ejecutivo rechazando siete pedidos de excarcelación. Son Nelson Lazarte (secretario de Roberto Baratta), Gerardo Ferreyra (dueño de Electroingeniería), Hernán Gómez (asesor del Ministerio de Planificación), Carlos Mundin (de la empresa BTU), Walter Fagyas (ex titular de Enarsa), Fabián García Ramón (ex director de Energías Renovables) y Rafael Llorens (ex director Legal del Ministerio de Planificación). 

El argumento de Bruglia e Irurzun es “que el presente proceso –de extraordinaria magnitud– se encuentra en una etapa incipiente y trascendental en cuanto a las medidas urgentes que se están llevando a cabo   tendientes a la recolección de la prueba, caracterizado además por una compleja y voluminosa investigación que se haya en plena sustanciación inicial”. El texto fue redactado por Bruglia y lo acompañó Irurzun. A eso se agregaron otros argumentos como que pueden aparecer más arrepentidos y acusar a los siete detenidos o que esos siete imputados podrían restar eficacia a los allanamientos que se hagan de acá en adelante. 

En verdad, todo eso podría argumentarse también respecto de los que están en libertad, empresarios y funcionarios que aceptaron “arrepentirse”. Ayer, el conocido penalista Mariano Cúneo Libarona explicó que su defendido, el empresario Sergio Taselli podría mentir, acusar a quien se necesite, dado que “quiere recuperar la libertad porque es inocente”.  

El criterio fijado por el Código Procesal Penal no tiene que ver con lo sostenido por la Cámara. No corresponde la libertad a quienes podrían fugarse o entorpecer la investigación, algo que perfectamente pueden hacer los “arrepentidos”. ¿Por qué un empresario que declaró lo que querían escuchar el fiscal y el juez no pudo haberse ido a su empresa a cambiar cosas? ¿Por qué no lo harían Uberti o López u otros funcionarios que no están presos en el expediente? Es obvio que lo puede hacer el que está preso y el que está en libertad. Pero, como queda claro, se utiliza el calabozo como una forma de apriete. 

Carlos Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción, confesó la mayor defraudación contra el Estado de la historia. Arreglaron licitaciones, fijaron los ganadores y los precios, y pagaron coimas. Desde hace décadas, pero mencionó de 2004 en adelante. Sin embargo está en su casa. Claudio Uberti contó que le cobró coimas a los concesionarios de peajes y tiene una segunda declaración, aparentemente sobre esos concesionarios, en los que precisó las coimas. Habría apuntado de nuevo, entre otros, a Autopistas del Sol, la empresa de los Macri. Después le pidieron que dijera algo contra Cristina, se despachó con que había 60 millones de dólares en el departamento de la calle Uruguay. Con eso se fue a su casa. 

Todas estas maniobras frustran la posibilidad de investigar en serio el andamiaje de irregularidades y coimas en la obra pública. La búsqueda de cuentas, bóvedas, sociedades ocultas, propiedades no declaradas, hasta ahora llevó más cerca de los dirigentes de Cambiemos que de la ex presidenta. 

Difundieron la existencia de un fideicomiso de Roberto Baratta y resultó que no sólo estaba declarado sino que consistía en dos departamentos, uno de 50 metros y el otro de 37 metros, comprados en el pozo, y a medias con Walter Fagyas. Respecto del financista Ernesto Clarens titularon con más de 90 viajes a Uruguay, siendo que tiene una embarcación y una casa en Colonia, por lo que va todas las semanas. Se requiere una investigación seria, silenciosa, para descubrir la verdad. 

El alineamiento en bloque de todo el partido judicial, desde el fiscal, el juez, la Cámara Federal, la Cámara de Casación y hasta la Corte, con forum shopping, irregularidades y maniobras, prospera por ahora. Sin embargo, José Luis Gioja, titular del Partido Justicialista, recordó esta semana que en 1955, a Juan Domingo Perón le abrieron 94 causas. Incluso dispararon contra sus bustos en varios lugares del país. Y más de un jurista recuerda ahora que años más tarde lo sobreseyeron, le devolvieron el grado de teniente general y hasta le restituyeron los bienes que le sustrajo la Revolución Libertadora utilizando en aquel entonces la extinción de dominio. El estado, además, tuvo que pagar una indemnización.

Posted in: NACIONALES, SOCIALES

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