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La reparación que no llega

Familiares de víctimas reclaman que se implemente la Ley Brisa

Aunque se sancionó en julio, el Gobierno todavía no puso en práctica la norma que garantiza un ingreso, equivalente a una jubilación mínima, para niñas, niños y adolescentes cuyo padre fue condenado por el femicidio de su madre.

La Ley Brisa fue aprobada el 4 de julio.
La Ley Brisa fue aprobada el 4 de julio. 

Cuando su hermana fue víctima de femicidio, dos años atrás, Lorena Fernández, se hizo cargo de sus tres hijos. Al morir su mamá, los chicos tenían 10 y 4 años y el bebé, apenas un mes de vida. Lorena tenía dos hijos y, de un día para el otro, quedó a cargo de cinco. Perdió su trabajo porque tuvo que viajar a Chile, donde vivía su hermana, y radicarse por 8 meses allá, para poder tramitar la tenencia de sus sobrinos. Ella y otros familiares de víctimas de femicidio reclaman al Gobierno la implementación de la llamada Ley Brisa, sancionada en julio y que garantiza una reparación económica, equivalente a una jubilación mínima, para niñas, niños y adolescentes cuyo progenitor fue procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del homicidio de su progenitora. 

“El viernes, justo cuando se cumplen dos años del femicidio de mi hermana, Mariela del Carmen, se vencen los 30 días hábiles previstos para la reglamentación de la ley. Necesitamos que empiece a implementarse en forma urgente. Si bien para el Estado son cifras insignificantes, para las familias implica que no falte plata para la comida o la vestimenta de los chicos”, señaló a PáginaI12 Lorena Fernández. 

Acompañan el reclamo otros familiares de víctimas de femicidio, entre ellos Oscar Galliano, que vive en San Luis, y es hermano de Rosana, asesinada hace 10 años en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, y por cuyo femicidio fueron condenados su esposo José Arce y la madre de él, Elsa Aguilar. Por orden judicial, los hijos de Rosana, están en la dramática e incomprensible situación de tener que vivir con Arce y Aguilar. 

 “Es importante que la Ley Brisa se implemente de manera urgente para que todos aquellos que pasaron por esta tragedia puedan tener la esperanza de hacer más sustentables sus vidas.  Pedimos que se reglamente, y que después seamos capaces de garantizar como sociedad el acompañamiento a esas familias. Esta reparación representa la presencia del Estado en casos donde estuvo ausente y no llegó a tiempo para evitar esta situación de violencia contra las mujeres”, señaló a PáginaI12 la diputada Cristina Álvarez Rodríguez, del Frente para la Victoria. 

La Ley Brisa fue sancionada el 4 de julio por unanimidad, con el voto a favor de 203 diputados. Y el 26 de julio se publicó en el Boletín Oficial. La reglamentación está a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres. Su titular, Fabiana Túñez, informó a este diario que están “trabajando en el proyecto de reglamentación y estimamos tener novedades en las próximas semanas”. La ley alcanza a los hijos e hijas menores de 21 años y es retroactiva, según el artículo 3°, y rige a partir del momento en que se cometió el femicidio, incluso si ocurrió antes de la aprobación de la normativa. En los últimos nueve años, en el país alrededor de 3.320 chicos perdieron a sus madres en manos de un femicida, según datos de La Casa del Encuentro, ONG fundada por Túñez y una de las impulsoras de la Ley Brisa. De ellos, unos 2.100 son menores de 21 años. 

La ley lleva el nombre de Brisa, una niña que hoy tiene 5 años, cuya mamá, Daiana Barrionuevo, de 24 años, fue asesinada a golpes por su ex pareja y padre la pequeña, en 2014. Brisa tenía apenas 1 año. Daiana tenía además, un par de hijos mellizos. Los tres quedaron a cargo de su abuelo materno, Osvaldo Barrionuevo, en un primer momento y luego, pasaron a vivir con una tía y su familia, en la localidad bonaerense de Moreno. Es una familia de bajos recursos. La historia de Brisa inspiró a la Casa del Encuentro, a promover la sanción de la ley. La norma recibió media sanción en 2017 en el Senado. En el artículo 9, se establece que los menores de 21 “tienen derecho a que el Estado nacional les asigne una cobertura integral de salud, la cual debe cubrir todas las necesidades de atención de su salud física y psíquica”.

La hermana de Lorena, Mariela del Carmen Fernández, fue asesinada por su marido el 7 de setiembre de 2016, en Chile, donde vivía la pareja. El mayor de sus hijos, Alesio, hoy de 13 años, tiene síndrome de Asperger. Sus hermanitas, Melisa y Madelaine tienen  6 y 2 años. Viven con Lorena y sus dos hijos, de 16 y 12 años, en una casa que les dio en comodato el municipio de Almirante Brown. Lorena estaba separada y trabajaba en una empresa de limpieza, cuando sucedió el femicidio. El autor del hecho, y esposo de Mariela, Jorge Elgueta, de nacionalidad chilena, fue condenado a 17 años de prisión. El matrimonio vivía en el país vecino desde 2012. Actualmente Lorena recibe ayuda de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) y es parte del programa Hacemos Futuro, del Ministerio de Desarrollo Social, que reemplazó al Ellas Hacen, desactivado durante la gestión de Cambiemos.

Posted in: NACIONALES, SOCIALES

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