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“Se encuentran en riesgo”

La CIDH dio curso a un pedido de cautelar en defensa de los mapuches

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó la solicitud de cautelares para proteger a los miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, de Villa Mascardi, donde fue asesinado Rafael Nahuel.

El pedido incluye a Fausto Jones Huala y Lautaro González, testigos de la muerte de Nahuel.
El pedido incluye a Fausto Jones Huala y Lautaro González, testigos de la muerte de Nahuel. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA dio curso al pedido de medidas cautelares a favor de los integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, de Villa Mascardi, donde fue asesinado el joven Rafael Nahuel, porque “se encuentran en situación de riesgo con motivo de un uso presuntamente excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales en el marco de operativos judiciales”. La CIDH ya solicitó al Gobierno informes sobre la muerte de Nahuel y el llamado documento RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), utilizado por el Ministerio de Seguridad para justificar procedimientos represivos y la persecución judicial de decenas de referentes de ese pueblo originario. El abogado Fernando Cabaleiro pidió que sean beneficiarios de la cautelar un grupo de mapuches, entre ellos Fausto Jones Huala y Lautaro González, quienes bajaron el cuerpo moribundo de Rafita del cerro, el 25 de noviembre pasado, y son “testigos esenciales de su muerte”. Además, informará a la CIDH sobre la “aberración jurídica” que es el fallo de Casación que revocó su excarcelación. 

“Con el fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad personal solicitamos medida cautelar genérica para todos los miembros de la comunidad y especialmente los menores mapuches K.R.C.R, 2 años, U.B., 10 años, D.A., 10 años, A.C., 1 año, C.C.J., tres años, tras el desalojo violento denunciado (del 23 de noviembre), a fin de que el Estado argentino adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad de las personas beneficiarias. Así también adopte las medidas necesarias para continuar con los diálogos por el reclamo ancestral de la comunidad desalojada, dentro del marco de la legislación vigente que suspende los desalojos de las comunidades indígenas”, pidió Cabaleiro en marzo. El abogado de Naturaleza de Derechos destacó que el pedido de cautelares para Jones Huala y González se basa en que “están en una situación de riesgo grave, al encontrarse detenidos arbitrariamente”.

El viernes pasado, desde Washington, el secretario ejecutivo de la CIDH envió la notificación al ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, a quien solicitó detalles sobre las “circunstancias en que habrían ocurrido los hechos del 25 de noviembre, en particular el fallecimiento de uno de los miembros de la comunidad mapuche Pu-Lof Lafken Winkul Mapu”, y si “las autoridades habrían adoptado medidas para garantizar los derechos a la vida e integridad” de los propuestos beneficiarios de la medida cautelar.

Hace un año, a 100 metros del Lago Mascardi y a 35 kilómetros de Bariloche, la comunidad Lafken Winkul Mapu recuperó un predio para establecer una Pu Lof en base a sus reclamos territoriales ancestrales. El 23 de noviembre fueron desalojados y detenidos en forma violenta por la Policía Federal y otras fuerzas de seguridad, en un operativo ordenado por el juez federal Gustavo Villanueva. Resultaron heridas mujeres y niños, y los uniformados obligaron a una adolescente a comer tierra. “La detención de cinco menores violó la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y no contaron con una debida defensa oficial”, denunció Cabaleiro. Dos días después, miembros de los grupos especiales GEOP y Albatros continuaron con sus operativos y en zona de la ladera alta de la montaña reprimieron con balas de plomo a un grupo de personas; así fue asesinado Rafita. “El Estado pretende instalar a través de los medios de comunicación hegemónicos que los mapuches tenían armar largas, se habla de subfusiles, lo cual es absolutamente falso”, dice la petición. Y agrega que “Jones Huala y González son testigos clave de la responsabilidad no sólo del personal policial sino del propio juez Villanueva, por haber sido él quien ordenó el operativo. La situación de estos testigos es alarmante y por ello la urgencia en que se tomen medidas, sabiendo las represalias que el personal policial toma contra los testigos y personas que denuncian estas situaciones consideramos que existe la posibilidad cierta de que se esté efectuando una maniobra por parte de autoridades judiciales y efectivos policiales para amedrentar y sembrar impunidad”.

Posted in: NACIONALES, SOCIALES

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